Desculpem, mas vai sem traduzir, que meu inglês é “book on the table” level
School of Americas Instructors Served in Colombian Mafia
By John Lindsay-Poland
The Colombian Army’s Third Brigade, based in Cali, was deeply penetrated by drug trafficking mafia, according to a recent criminal investigation. “What the prosecutors’ investigation has shown as it progresses,” reported Semana magazine, “is that ‘Don Diego’ [a drug mafia kingpin] didn’t just buy these officers in exchange for one-time favors, but that many of them belonged to his organization. They were part of the mafia and put their jobs in the Army at its service.” Brigade commander Leonardo Gómez Vergara resigned August 16 as a result of the investigation, and a dozen other officers have been arrested or are under investigation.
Colonel Alvaro Quijano – who served as an instructor at U.S. Army School of the Americas – was arrested on August 15, while the former chief of the brigade’s operations, Lt. Colonel Javier Escobar Martínez, has also been arrested and accused of mobilizing army units to protect the drug trafficker. Javier Rico Escobar graduated from the SOA in 2003, having studied “counter-drug operations” there. Quijano, former commander of Colombia’s Special Forces en Valle Department, and another accused officer, Major Wilmer Mora Daza, taught “peacekeeping operations” and “democratic sustainment” at SOA in 2003.
The Valle army ‘special forces’ provided security to the capo, according to the daily El Tiempo, but also guarded drug shipments that left Colombia via the Pacific Ocean from Chocó in the north to Nariño near the Ecuador border. U.S. military officials have claimed that a reason a U.S. military base is needed in Manta, Ecuador is to intercept increased drug trafficking in the eastern Pacific.
The commander of the Army’s Third Division (General Hernando Pérez Molina, another SOA grad), to which the Third Brigade belongs, was relieved of his post. The Third Division’s command staff had been vetted to receive U.S. military assistance as of July 2006, according to the State Department.
Last year, Colombian army officers from the Third Brigade ambushed an elite, U.S.-trained anti-drug squad in the Valle town of Jamundí, killing ten policemen. The leader of the attack, Colonel Bayron Carvajal, now under arrest, was also a graduate of the SOA.
The Third Brigade’s collaboration with the mafia is apparently no isolated case. Defense Minister Juan Manuel Santos admitted that more than 150 military officers have been suspended in the last year, accused of collaborating with drug traffickers. Among them was the Colombian Navy’s Rear Admiral Gabriel Arango Bacci, who is suspended and under investigation for helping drug traffickers to evade naval patrols by Colombian and U.S. ships in the Caribbean. Criminal investigators saw a red flag when last year traffickers were found with naval documents showing the locations and operations of Colombian and U.S. ships in the area. The evidence against Arango includes receipts from traffickers for $500,000, with his verified fingerprint and signature. Arango was commander of the San Andrés and Providencia Islands naval area; his unit was vetted to receive U.S. military assistance
Seguridad
La infiltración de la mafia en el Ejército del Valle es más profunda de lo que se cree y explica en parte por qué el narcotráfico se tomó el departamento sin encontrar mayor resistencia.
Fecha: 08/11/2007 -1319
Diego Montoya, ‘Don Diego’, logró lo que todo capo sueña: poner a su servicio a los hombres que tenían la misión de combatirlo. Lo que la investigación de la Fiscalía ha demostrado a medida que avanza es que ‘Don Diego’ no compró a estos oficiales a cambio de favores puntuales, sino que muchos de ellos pertenecían a su organización. Eran parte de la mafia y pusieron sus cargos en el Ejército al servicio de ésta. Batallones, planes de guerra, logística, comunicaciones y quién sabe cuántos recursos más se usaron para proteger las rutas de entrada de insumos y salida de cocaína, para reforzar la actuación de ‘Los Machos’, grupo de sicarios de Montoya, y para evitar que otros organismos de seguridad dieran con el paradero del capo más buscado por Colombia y Estados Unidos. Tantos serían los beneficios que recibían estos militares, que ni la recompensa de cinco millones de dólares que se ofrece por su cabeza los tentó. La masacre de Jamundí ocurrida el año pasado fue la primera alerta sobre el nivel de infiltración que tenía la Tercera Brigada. La investigación judicial arrojó suficientes indicios de que el coronel Bayron Carvajal estaba al servicio del narcotráfico. Como ha sido usual, las Fuerzas Militares manejaron este caso como un asunto aislado, como el de una manzana podrida, el de un individuo que, seducido por el dinero, se dejó corromper. No como parte de una red extensa. Vino a ser la investigación iniciada por la inteligencia del Ejército en marzo, que ya involucra a 12 oficiales, la que está demostrando que la infiltración es profunda y masiva. Preocupa por ejemplo que haya sido capturado el que fue jefe de operaciones de la Tercera Brigada hasta junio, coronel Javier Escobar. Este oficial era el encargado de movilizar tropas; y como parte del Estado Mayor de la Brigada, conocía todos los planes militares y tenía acceso a la inteligencia. Lo que hacía imposible que algún día ‘Don Diego’ o sus hombres fueran atrapados.
La captura de otros dos oficiales activos la semana pasada produce escalofrío. Uno de ellos es el mayor Carlos Alberto Gil Londoño, comandante de un batallón de contraguerrilla adscrito a la Fuerza Especial Conjunta del Darién, unidad que se creó hace dos años para combatir a ‘Los Machos’ (de Montoya) y ‘Los Rastrojos’ (de Wilber Varela), que tenían en el Cañón del Garrapatas una guerra que dejó más de 500 muertos. Es decir, pusieron al ratón a cuidar el queso. Gil ya había levantado las sospechas de mucha gente en el Valle cuando en febrero se conoció la noticia de que sus tropas habían liberado al capitán Leonardo Nur, quien supuestamente había estado secuestrado y encadenado por cuatro años. Nadie le creyó, aunque el comandante del Ejército, general Mario Montoya, lo presentó como un mártir ante la televisión. El otro oficial capturado es el coronel Álvaro Quijano, quien acababa de asumir el mando de un batallón de contraguerrilla en otra Brigada, y quien había sido jefe de las Fuerzas Especiales en el Valle. Junto a ellos hay otros cuatro mayores, cuatro capitanes, un teniente, tres suboficiales y dos civiles. Ese panorama demuestra que esta es la infiltración más grave que se haya conocido en el país.
Corrupción en la zona más crítica
Que buena parte de la Tercera Brigada estuviera al servicio de la mafia explica en buena medida la crítica situación de seguridad que ha vivido esta región en los últimos meses, y los pobres resultados del Ejército. Nariño, Cauca, Valle son los departamentos a los que se han trasladado el narcotráfico, las bandas emergentes, y también las operaciones de la guerrilla. El crecimiento del poder de estos grupos en poco tiempo es increíble. Las propias cifras del Ejército hablan de siete grupos. ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’ tienen cada uno 600 hombres..
La infiltración de ‘Don Diego’ afecta toda la región y sabotea los esfuerzos que hacen otros organismos del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Con los militares a su servicio, ‘Don Diego’ construyó una verdadera autopista en la montaña que le permitía embarcar la droga rápida y seguramente. Controlaba a los oficiales que tenían como tarea buscar sus laboratorios en el Cañón del Garrapatas. Por supuesto, no hay muchos resultados. La Tercera División registra este año apenas una tonelada de cocaína decomisada. Y los laboratorios destruidos solían ser lugares abandonados. También resultaba curioso que en los decomisos de armas y prendas militares que se les hicieron a ‘Los Machos’ siempre había piezas de los Batallones Vencedores de Cartago y Palacé de Buga. Según la Fiscalía, ‘Don Diego’ también tenía en su nómina a Bayron Carvajal, que era el comandante del Batallón de Alta Montaña de Jamundí. Esta unidad controla la ruta que comunica al norte del Valle con Buenaventura. Entonces el traslado de la coca estaba prácticamente garantizado. Fuentes de la Policía le informaron a SEMANA que por lo menos dos oficiales de esa institución escribieron informes para denunciar que este Batallón mantenía corredores de seguridad en los que no dejaba ingresar otras fuerzas del orden, con el pretexto de que estaban en operativos, que nunca existieron.
La complicidad de estos oficiales con el narcotráfico ha tenido enorme impacto en la crisis que viven Buenaventura y el resto del Pacífico. Si los narcos logran ‘coronar’ la salida al mar, es aun más complicado detenerlos. Fuentes oficiales le aseguraron a SEMANA que esta situación ha hecho difícil la coordinación de la Armada y la Policía con el Ejército en la región. A pesar de que el Valle es uno de los sitios donde más consejos de seguridad se realizan, este año ha sido crítico, especialmente con las muertes y ajustes de cuentas en Buenaventura, y la violencia que no cesa en el norte del Valle.
¿Siguen generales?
La investigación que llevan conjuntamente la Fiscalía y el Ejército está lejos de finalizar y los investigadores cada vez parecen encontrar nuevas vetas. SEMANA conoció que al menos un general está siendo investigado por haberse reunido con emisarios de ‘Don Diego’, y que la DEA está aportando pruebas (grabaciones) de otros altos oficiales que mantenían comunicación con los hombres del capo. De los ocho oficiales que tenían orden de captura, siete ya han sido capturados. Sólo el mayor William Ortegón sigue prófugo. Tres de estos oficiales habían sido retirados de la institución con medidas discrecionales, a principios de junio. El viernes pasado también fue relevado de su cargo el general Hernando Pérez, comandante de la Tercera División. Aunque oficialmente se dijo que su traslado fue de rutina, otras versiones advierten que Pérez podría salir salpicado en este escándalo y el cambio se hizo para facilitar la investigación.Las consecuencias de esta situación no deben ser sólo judiciales. Se requieren ajustes institucionales de fondo por lo menos en dos aspectos: la contrainteligencia y el control interno. ¿No tuvo la contrainteligencia ningún indicio de que algo grave pasaba, ni siquiera después de la masacre de Jamundí? Y en cuanto a las investigaciones dentro del Ejército, estas no asustan a nadie, pues casi nunca son concluyentes. La investigación sobre el caso del capitán Nur no logró esclarecer el extraño episodio. Muy a pesar de que otras agencias de inteligencia han concluido que Nur trabajaba para ‘Los Machos’ y su rescate habría sido una tarea para ‘Don Diego’. Lo que queda claro, hasta ahora, es que algo muy grave estaba pasando en la Tercera División, desde hace tiempo, y que los mecanismos de alerta se demoraron mucho tiempo en funcionar. Una División que actúa en una zona como el Pacífico, que se convirtió en el último tiempo en el centro de gravedad de la guerra, tanto contra las Farc como contra las bandas emergentes y el narcotráfico. ¿Cómo logrará el alto mando militar recuperar la confianza de la gente del Valle en el Ejército? ¿Qué medidas tomarán para que esto no ocurra más? Tan profunda como fue la infiltración deberán ser sin duda las medidas para evitar que se repita.
Investigación
Los infiltrados
SEMANA revela grabaciones, documentos y testimonios que muestran los detalles de la infiltración de la mafia en el Ejército.
Fecha: 08/04/2007 -1318 El lunes pasado ocurrió un hecho poco común en los estrados judiciales: el abogado del oficial de más alto rango involucrado en la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Militares, literalmente, tiró la toalla. El penalista había acompañado al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, al teniente coronel retirado del Ejército Javier Escobar Martínez, para que se defendiera de los cargos que se le hacían como presunto integrante de una red de militares activos y retirados que trabajaban al servicio del narcotraficante Diego Montoya Henao. Fue grande la sorpresa del abogado cuando empezó a escuchar las pruebas que en contra de su defendido tenía la fiscal Maritza Escobar. Se trataba de unas conversaciones que sabuesos del CTI les habían interceptado a militares activos y retirados, entre los que se encontraba la voz de Escobar. En éstas, quedaba en evidencia la conformación de un grupo armado ilegal del capo Montoya y, como si fuera poco, se hablaba de la necesidad de “raspar” a los funcionarios de la Fiscalía que los estaban rastreando. Según fuentes de la Fiscalía, el abogado renunció en el acto a defender al oficial.Esa es apenas una de los centenares de pruebas que implican a militares activos y retirados de varios rangos con el cartel del norte del Valle. En una rueda de prensa, el mismo lunes, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció lo delicado de la infiltración de la mafia. Gracias a una minuciosa investigación que realizaron el Ejército y la Fiscalía, se descubrió una macabra alianza de oficiales activos y retirados con el capo Diego Montoya, por quien pagan una recompensa de cinco millones de dólares.
El hombre clave en la investigación es el capitán retirado del Ejército Manuel Enrique Pinzón Garzón, de 31 años, quien después de conocer videos, fotografías y audios de la organización de ‘Don Diego’, en poder de la Fiscalía, decidió colaborar con la justicia. El testimonio de Pinzón es el pilar fundamental de la investigación de las autoridades. Actualmente el capitán -y toda su familia- está en el programa de protección de testigos de la Fiscalía. SEMANA conoció el testimonio de Pinzón y otras pruebas que muestran cómo el capo de la droga logró poner a su servicio a miembros de la Fuerza Pública.
La mafia compró uniformes militares
A través de los almacenes Combat Esmic y El Sobreviviente, ubicados cerca de la Escuela Militar José María Córdova, al noroccidente de Bogotá, la organización de ‘Don Diego’ adquirió material de uso privativo de las Fuerzas Armadas: uniformes, pierneras, ojos de gato, ligas, pañoletas, pavas, camisetas negras y habanas, riata del camuflado, colchonetas, guantes, sillas, botas, boinas color vino tinto con el distintivo comando, y cascos. La licencia de funcionamiento de estos dos negocios familiares fue autorizada a María del Pilar Quijano Quijano, por el comandante de la Brigada 13 en agosto del año pasado, y el 14 de este mes se le vencía el permiso de funcionamiento. Fue su padre, Diego Enrique Quijano Escobar, de 63 años, quien le vendió el material militar al capitán Manuel Enrique Pinzón. Hoy Quijano está detenido en la cárcel Modelo acusado de concierto para delinquir y entrenamiento para actividades ilícitas. Los cargos de la Fiscalía se basan en varias interceptaciones telefónicas entre Quijano y Pinzón, quien se hacía llamar mayor Henry Alberto Espitia y quien confesó haberle entregado 30 millones de pesos a Quijano por el material de intendencia que le hizo llegar por Servientrega al municipio de Zarzal, Valle del Cauca.
El Ejército escoltó a hombres de ‘Don Diego’
El pasado 30 de abril, los hombres al servicio de ‘Don Diego’ lograron trasladar material militar, uniformes, equipos y munición mientras se movilizaban entre los municipios vallecaucanos de Zarzal y El Dovio, gracias a la ayuda de un teniente activo del Ejército. El capitán retirado Manuel Pinzón Garzón le confesó a la Fiscalía: “Nos encontrábamos en Zarzal en el hotel Encanto cuando me llamó el teniente quien se movilizaba en un camión Turbo con personal activo y uniformado. A él me lo mandó el que era mi ‘patrón’, el mayor retirado Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido en la organización como’Zeus’. El teniente llevaba atrás una especie de grupo especial. Yo le entregué 500.000 pesos por el traslado sin que los soldados se dieran cuenta”.
Los militares amigos
Cuando la fiscal le mostró a Manuel Pinzón Garzón una serie de fotografías de seguimiento de los días 11 y 30 de mayo pasado, el oficial retirado le hizo un relato detallado de los militares activos y retirados que le servían a la organización mafiosa de Diego Montoya. “Él era el cabo primero Porras, alias ‘Chepe’ de contraguerrillas del Batallón Vencedores que tiene sede en Cartago. Cuando estábamos en El Dovio, ‘Zeus’ me ordena que lo lleve a la finca en donde él se encontraba. Él se quedaba allá y hacía actividades con el grupo y con él traíamos raciones de campaña que le vendía a ‘Zeus’. “El otro -continuó Pinzón- es el sargento Colorado. Según oí decir, todo era con autorización del comandante del Batallón, el mayor Gil. Este es el coronel Javier Escobar Martínez, del arma de Artillería. Una vez ‘Zeus’ me dio la orden de llevar un dinero a Cali que le entregué a través de un militar de color negro. “Él es Alejandro Hernández Urrea, un capitán de Infantería retirado y él es Wílmer Manuel Mora Daza, un mayor del Batallón de Comandos de Tolemaida. Con él me encontré en Melgar en donde me entregó dos minas Claymore, que son unos explosivos de altísimo poder de uso privativo de las Fuerzas Militares. También sé que ‘Zeus’ era uña y mugre con un coronel Quijano del Comando General”. Y cuando la fiscal le preguntó quién era ‘Juana la Loca, dijo: “Es Ana Carolina Laverde Cuenca, trabaja en el Ministerio de Defensa y era la que me ubicaba gente de mi nivel para conformar el grupo al servicio de esa gente. Yo le entregué dinero de parte de ‘Zeus’” . Al observar otra fotografía, Pinzón reconoció al capitán retirado Fernando Wilches Ramírez quien, según su relato, recibía órdenes directas de ‘Zeus’.
Los nexos de la mafia y la DEA
A finales de mayo, la organización de ‘Don Diego’ se percató de que los teléfonos celulares estaban siendo interceptados. Para desviar la atención de los investigadores, los hombres de Diego Montoya comenzaron a dar nombres ficticios, sitios distintos por donde se movían y datos para desorientar a quienes los escuchaban. Lo más sorprendente fue el relato que sobre esto le hizo a la fiscal del caso, el mayor retirado Manuel Pinzón Garzón. “Supimos que todos los celulares del grupo estaban monitoreados porque vino una persona directamente desde Bogotá, según le oí comentar a ‘Zeus’, y se reunió con él en Cartago. Esa persona le entregó la lista de los teléfonos que estaban monitoreados y le suministró una información y que si quería saber más, cuánto estaba dispuesto a pagar. Esa persona era de la DEA, según me contó ‘Zeus’. Entonces comenzamos a hablar cosas que no eran ciertas y a mencionar personas que no existían. Después nos dieron a todos teléfonos nuevos”.
Los negocios de la coca y armas
Los ex militares que trabajaban para ‘Don Diego’ no sólo lo hacían para adquirir uniformes y elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares, sino también para negociar con droga y armas. A través de las interceptaciones a sus celulares, los investigadores lograron establecer la compra de pistolas a tres millones y medio cada una, y de munición. Y negociar la compra de 35 kilos de cocaína. En otra interceptación telefónica el teniente retirado Wilson Enrique Ráquira Medina y el capitán retirado Alejandro Hernández hablan sobre la instrucción que están recibiendo. “Nos estamos entrenando como un berraco”, le comenta Hernández a Ráquira. “Estoy trabajando en el Ingenio Castilla, queda por La Paila. Estoy encargado de toda la gente alrededor”. (Escuche la conversación en Semana.com).
Los secretos del testigo
El capitán Manuel Enrique Pinzón Garzón comenzó a servirle a la mafia de ‘Don Diego’ desde marzo de este año, cuando fue retirado del Ejército. Cuenta que lo llevaron hasta Zarzal, la tierra natal de Diego Montoya, convencido de que iba a formar parte de un grupo elite con otros miembros del Ejército entre activos y retirados, para trabajar en tareas encubiertas. Cuando se dio cuenta de que el grupo que se estaba conformando era para trabajarle a la mafia, decidió continuar.
Jamás conoció al capo del cartel del norte del Valle, pero los tres meses que estuvo en la organización le sirvieron para conocer muchos secretos. La mayoría los tenía escritos en dos agendas que están en manos de la justicia. Ahí están los nombres de los enlaces de la organización con los tres batallones que operan en el Valle del Cauca y algunos de sus miembros que le servían a ‘Don Diego’ como parte de sus anillos de seguridad. Tenía las coordenadas de ubicación de las diferentes casas en donde el capo suele esconderse en cercanías al cañón de Garrapatas, jurisdicción de El Dovio, en el Valle del Cauca. El organigrama completo del cartel. Y como si todo esto fuera poco, una información que hasta ahora no se conocía: las coordenadas en donde estaría el cadáver de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’. De ser cierto que ‘Chupeta’ está muerto, sería una importante noticia: Ramírez Abadía es el dueño de las millonarias caletas descubiertas hace meses en Cali.
A pesar de lo escandaloso de todas estas revelaciones, es necesario destacar la eficiente labor de inteligencia sistemática del Ejército que descubrió la red de militares que trabajaba para la mafia en el Valle. Y que se hizo un buen trabajo de coordinación con la Fiscalía, que hoy tiene a 17 militares vinculados a la investigación, algunos de ellos en la cárcel. Pero también es preocupante que antes de que la justicia pudiera actuar, ya los superiores de estos oficiales les habían permitido la salida de la institución con medidas discrecionales, lo que estuvo a punto de dar al traste con toda la operación. Quizá si esta vez las sanciones resultan ejemplares, se pueda enderezar el rumbo.